La educación es en la actualidad un derecho humano fundamental ampliamente reconocido por la mayoría de las constituciones, incluyendo la nuestra, y por los textos internacionales relativos a los derechos humanos y que protegen a la niñez, de los cuales nuestro país es signatario. Pero además de consistir en un derecho social fundamental, la educación es un instrumento esencial para el progreso y desarrollo de las naciones.
Para arribar a esta concepción del derecho a la educación que “orgullosamente” plasmamos en nuestra Carta Sustantiva hubo que traspasar períodos de tensas luchas y tensiones de todo tipo. El derecho a la educación como tal y su institucionalización como sistema público fue el fruto de todo un proceso dentro de la historia.
La actual Constitución dedica a este derecho el Art. 63, estableciéndose, entre otras cosas: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones…4) El Estado velará por la gratuidad y la calidad de la educación general…”.
Cabe destacar que uno de los principales motivos para que se incluyera la educación entre los derechos humanos es que su realización no dependiese del libre mercado, pues en éste el acceso a la educación está determinado por el poder adquisitivo, sino que el soporte del derecho a la educación es un sistema en el que ésta sea gratuita en los lugares donde se imparte, y lo es como ejercicio de un derecho y no en función de la capacidad de cada uno para costearla.
Pero ha de tenerse claro que gratuidad y calidad en la educación implica, necesariamente, destinar mayores recursos a ese renglón, sobre todo porque es un deber del Estado proclamado por la propia Constitución: “La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión…”.
A pesar de lo anterior la inversión de recursos estatales para el área de educación no llega ni siquiera a la mitad de lo que la ley ha establecido, lo cual incide afectando a la gratuidad y consecuentemente a la calidad del sistema educativo dominicano. Ello obliga a las familias dominicanas a matricular a sus hijos en instituciones educativas privadas, pero que ante la falta de supervisión estatal, en nuestro país los colegios y universidades privados se han convertido en un lujo, al que dentro de muy poco tiempo, si seguimos por este camino, las familias dominicanas no podrán tener acceso.
La tendencia alcista cada año escolar de los costos por inscripción, reinscripción, tarifas, se hace por lo general sin observar la Ley No. 86-00 que regula las tarifas de los colegios privados, que permite su revisión por parte del Ministerio de Educación cada 3 años, y sujeta los aumentos en función del alza comprobada por los costos, tomando en cuenta el factor indexación.
A todo esto se suma que en muchos colegios privados a los padres se les pone a firmar leoninos contratos de “servicios educativos”, pagarés y hasta se les obliga a autorizar el acceso a Bureau crediticios, con todo lo cual pareciera quedar confirmado que en nuestro país a la educación se le considera como un mero servicio o una mercancía negociable, y no como un derecho que el Estado tiene la obligación de respetar, asegurar, proteger y promover. De ahí, que es imperativo que el Ministerio de Educación adopte los recaudos de lugar para darle adecuado seguimiento a muchas de esas prácticas inmorales y arbitrarias.
Esta falta de inversión en la educación pública es fuente de otros graves problemas. Lo vemos reflejarse e impactar en muchos otros aspectos de la vida nacional: en la falta de oportunidades, el tránsito; en los niveles de delincuencia, en los embarazos de adolescentes, transmisión de enfermedades; crecimiento acelerado de la población, violencia intrafamiliar, desprecio por el medio ambiente, y muchos otros problemas más, en cada uno de los cuales tiene incidencia la falta de educación.
Pero sin recursos no es mucho lo que se pueda hacer. Es por ello que se precisa cumplir con la asignación del 4% del producto interno bruto al sector de la educación y de que las autoridades hagan cumplir con la Ley No. 86-00 que regula las tarifas de los colegios privados e impedir que los colegios privados continúen abrazando prácticas abusivas e ilegales. Recordemos que “¡Sólo la educación salva a la República Dominicana!”.
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